DE LAS CHUZADAS

A propósito del tema de las "chuzadas", recuerdo que cuando laboraba en los juzgados y se tenia la obligación de acudir a la interceptación de alguna llamada telefónica que finalmente comprometiera la responsabilidad del reo y así satisfacer la exigencia procesal para la imposición de una medida de aseguramiento o del añejo auto de detención del que se decía jocosamente no se le negaba a nadie, para que finalmente constituyera una prueba por su debida publicidad y contradicción, indefectiblemente era objeto de "transliteración" que no es otra cosa que la copia textual del contenido de la grabación realizada, por peritos en la materia.

Nuestra sociedad en esta época contemporánea ha sido sorprendida con la supuesta existencia de tales "chuzadas", llamadas así por su -presunta- clandestinidad, provenientes u ordenadas -con la misma presunción- por uno u otro funcionario estatal, ora, en otrora del entonces Presidente Alvaro Uribe Velez en relación con la Corte Constitucional y algunos farianos como Ivan Cepeda o Piedad Córdoba, y en la actualidad ya por Juan Manuel Santos respecto de otros personajes públicos como Hernan Pelaez Restrepo y Gustavo Alvarez Gardeazabal, por referir solo dos Presidentes de la República, quienes por su condición, entre muchas otras funciones delegadas por la Constitución Política, cuentan con la impajaritable e inclaudidable defensa del Estado como su sagrada misión.

En ese orden de ideas y bajo aquellas dos brevemente enunciadas premisas, surgen dos interrogantes, a saber:

1. Por qué no se conocen -atendiendo el uso indiscriminado de los medios de comunicación por parte de la justicia- las grabaciones que se les hicieron a los referidos personajes?  Cuál la razón para que a aquella sociedad que se le informó de la existencia fraudulenta de esas "chuzadas", igual no se le ponga en conocimiento de la transliteración de las mismas? Y,

2. Acaso el Presidente de la República no está revestido de la suficiente autoridad Constitucional para salvaguardar la integridad del Estado y en ese orden de ideas desplegar los mecanismos que a bien considere, entre los que se cuenta -en tiempos del Presidente Alvaro Uribe Velez- del Departamento Administrativo de Seguridad "D.A.S." -ya desaparecido-?  De hecho, el D.A.S. era el cuerpo de inteligencia del Estado por lo que tenia que someter a vigilancia a sus enemigos como lo hace -para nombrar un solo caso- Estados Unidos con Al Qaeda con su cuerpo de inteligencia.

Acaso las farc no son enemigos del Estado y por lo mismo son sometidos a continua vigilancia de toda índole por parte de los organismos del Estado? Claro! y de ello no puede quedar la mas mínima duda como tampoco que se extiende a todos sus miembros regados por toda la geografia nacional e incrustados -incluso- dentro del mismo Gobierno Nacional. Es el caso de la ex Senadora Piedad Córdoba que en el Gobierno de Alvaro Uribe Velez arengaba en México a la desobediencia civil y por contera un golpe de Estado. Del Senador Ivan Cepeda, como de las relaciones de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia con miembros de las farc y de las autodefensas. Con semejante escenario no constituiría una potestad Gubernamental la disposición de llevar a cabo interceptaciones para evidenciar  y preparar los organismos de defensa del Estado, para una eventual agresión?

Estas dos hipótesis para igual numero de escenarios es menester tenerlo en cuenta, como igual seria bueno conocer si la supuesta orden de Alvaro Uribe Velez para interceptar a esos personajes, se hizo extensiva para él mismo y para su entonces Ministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos, pero como esto suena a exabrupto, quién entonces los "chuzó" también a ellos?  Y, respecto de Hernan Pelaez Restrepo y Gustavo Alvarez Gardeazabal, quién sería, conociendo -como se barrunta- finalmente salieron del programa radial La Luciérnaga por disposición del alto Gobierno por tallar mucho.